La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó este viernes modificaciones a cuatro leyes relacionadas con el comercio, la competencia, la gestión del comercio exterior y la protección de los consumidores, con 458 votos a favor de los 460 diputados participantes.

Antes de la votación, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, presentó un informe sobre la revisión del proyecto de Ley y la incorporación de las opiniones de los diputados.

Según el ministro, las modificaciones buscan resolver las dificultades institucionales, reducir los trámites administrativos y las condiciones de negocio, así como promover una competencia justa y proteger los derechos de los consumidores. También pretenden responder a las nuevas exigencias de gestión derivadas de la economía digital y del modelo de gobierno local de dos niveles.

Ley de Comercio

En cuanto a la Ley de Comercio, las modificaciones precisan las disposiciones sobre los monopolios estatales. Estos deben tener límites claros, ser transparentes y contar con una duración determinada cuando afecten a determinados productos, servicios o territorios por razones de interés nacional. La lista correspondiente debe hacerse pública.

En los ámbitos de defensa y seguridad, la regulación es competencia de los ministros de Defensa y de Seguridad Pública.

Competencia

Respecto a la Ley de Competencia, se establecen dos plazos de prescripción para las infracciones administrativas: cinco años para las conductas que restringen la competencia, el abuso de una posición dominante o monopolística, las concentraciones económicas y la competencia desleal, entre otras; y un año para las demás infracciones.

La reforma también aclara cómo se calculan estos plazos y diferencia los procedimientos de investigación y resolución de casos de competencia de los procedimientos sancionadores administrativos.

Asimismo, se eliminan algunas sanciones consideradas excesivas, como la retirada del certificado de registro empresarial, el decomiso desproporcionado de bienes y equipos o la obligación de reestructurar una empresa. La confiscación de los beneficios obtenidos mediante infracciones pasará a considerarse una medida correctiva, con criterios de aplicación y cálculo más claros.

En materia de la Ley de Gestión del Comercio Exterior, la reforma define con mayor claridad las competencias para certificar el origen de las mercancías. El Ministerio de Industria y Comercio asumirá la gestión estatal, actuará como organismo nacional de referencia y administrará un sistema centralizado de certificación electrónica en línea.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas certificará el origen de las mercancías importadas conforme a los tratados internacionales, mientras que los comités populares provinciales se encargarán de certificar el origen de los productos exportados.

El consumidor

En cuanto a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, las empresas y personas que ofrecen productos o servicios deberán permitir que los clientes elijan claramente para qué fines y dentro de qué límites autorizan la recopilación y utilización de sus datos personales.

Los consumidores podrán aceptar o rechazar estas operaciones. El intercambio, la transferencia y la retirada del consentimiento deberán ajustarse a las normas de protección de datos personales. Las empresas tampoco podrán exigir información que no sea necesaria para realizar una transacción.

La Ley también distribuye las responsabilidades entre las administraciones provinciales y comunales, en consonancia con el modelo de gobierno local de dos niveles.

La Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2027. Sin embargo, las disposiciones que derogan determinados artículos, apartados y capítulos de la Ley de Comercio comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2028, con el fin de garantizar un período de transición.

Los contratos de compraventa de mercancías y prestación de servicios celebrados legalmente antes del 1 de enero de 2028 seguirán sujetos a la legislación vigente en el momento de su firma, salvo que las partes acuerden otra cosa.

Asimismo, la nueva Ley no podrá utilizarse como fundamento para solicitar la revisión extraordinaria de sentencias o decisiones judiciales ya resueltas antes de su entrada en vigor.

T/VNA