El acuerdo confidencial firmado entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele para deportar migrantes a El Salvador, fue revelado por la Fundación Democracy Forward El documento indica que el Departamento de Estado de EE.UU. transfirió 4,76 millones de dólares para que El Salvador aceptara unas 300 personas, acusadas sin pruebas de pertenecer al ya extinto Tren de Aragua y destinadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La organización indicó que los fondos transferidos a Bukele restaron presupuestos para iniciativas de apoyo a caravanas de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, asesoría legal y atención de salud reproductiva, incluyendo casos de aborto. El acuerdo estipula una estadía mínima de un año en la prisión, denunciada reiteradas veces por violaciones a los derechos humanos. La transacción se ejecutó el 22 de marzo de 2025 a través de JP Morgan Chase Bank y el Banco Central de Reserva de El Salvador, mientras tribunales federales impugnaban la legalidad de las deportaciones. El Despacho Oval intentó mantener el pacto en secreto mientras buscaba “facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense” según el comunicado de Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward. La organización advirtió que el documento no obliga a las autoridades salvadoreñas a prevenir torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos en el Cecot, lo cual reaviva el debate sobre deportaciones express y la violación de la administración Trump a los derechos humanos de los migrantes. También se exime de responsabilidad al Departamento de Estado de EE.UU. por “reclamaciones de terceros” en casos de daños derivados de su implementación. En febrero de 2025, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele hizo pública la oferta de “externalizar parte de su sistema penitenciario” a cambio de una tarifa “relativamente baja” para Washington, pero “significativa” para su país, sin precisar que incluiría a migrantes deportados. La publicación de Democracy Forward cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar deportaciones e intensifica las críticas contra las políticas migratorias de Trump y Bukele, al tiempo que evidencia una operación opaca con implicaciones económicas y humanitarias.