TSJ declaró constitucional Estado de Emergencia Económica ordenado por la presidenta (e) Delcy Rodríguez

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad el decreto de Estado de Emergencia Económica ordenado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al determinar que la medida se apega a la Carta Magna. La resolución publicada en Gaceta Oficial establece que el Estado de Emergencia Económica estará vigente en todo el territorio nacional durante 60 días. La decisión corresponde a un procedimiento de revisión de constitucionalidad solicitado ante la Sala Constitucional y está fechada después de la publicación del decreto, emitido el 8 de agosto de 2026 y publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N.º 7.066, reseñó El Universal. F/Archivo

TSJ ordena reinicio de operaciones de Halliburton en Venezuela

El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) ordenó el reinicio de las operaciones productivas de la empresa de servicios Halliburton de Venezuela, S.A., a través de una medida cautelar innominada. La medida fue tomada por la Sala de Casación Social del máximo tribunal venezolano, que además designó a un veedor judicial para que se constate el cumplimiento de la decisión. Además, se comisionó al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia para que haga la «entrega material de los bienes muebles e inmuebles embargados». En 2020, la empresa, con sede en Texas, anunció el cese de sus actividades y operaciones en el país suramericano debido a las restricciones impuestas por la licencia general 8G de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que autorizaba ciertas transacciones en Venezuela, en medio de las medidas punitivas y el bloqueo comercial, petrolero y financiero impuesto por Washington. T/RT

¿Qué pidió la presidenta encargada de Venezuela al TSJ?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este 9 de mayo el balance de los primeros 100 días del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz. Durante el acto, la mandataria aseguró que esta iniciativa, lanzada el 23 de enero, le ha permitido conocer «en profundidad los problemas» de la ciudadanía a través del reconocimiento de la diversidad nacional. Ante esto, Rodríguez instó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a desarrollar una doctrina que establezca la diversidad como un derecho humano fundamental. “Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso, y eso lo aplico no solamente para la sexodiversidad, sino para la diversidad política, que tantos nudos críticos nos encontramos en el camino, abrir los corazones al distinto no es fácil”, indicó Rodríguez. Reforma judicial La mandataria encargada fue enfática al solicitar que los delitos exceptuados en la Ley de Amnistía, especialmente aquellos vinculados a la violencia contra la mujer y fallas en el sistema judicial, sean canalizados mediante el programa para garantizar justicia efectiva. Asimismo, lanzó una advertencia contra la corrupción dentro del Poder Judicial. “Yo pido un capítulo especial para la justicia (…) Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Eso debe cesar y por eso cuando me tocó ir al Tribunal Supremo Justicia pedí un reformateo de la justicia y llamé a una Gran Consulta Nacional para un nuevo sistema de justicia penal”, sentenció. T y F/Telesur

Venezuela: TSJ emite sentencia contra el terrorismo judicial

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó nuevas medidas para sancionar a quienes hagan uso de su cargo, profesión o poder jurídico para abusar de las personas más vulnerables a través del terrorismo judicial, sobre todo, cuando hay bienes o intereses comerciales de por medio, informó Radio Nacional de Venezuela. De acuerdo con este medio, el TSJ ya avaló que la próxima edición de la Gaceta Oficial contemple la ilegalidad del terrorismo judicial, más cuando hay inmuebles alquilados en la ecuación. “Su publicación en la Gaceta Oficial obedece a que los criterios expuestos en la sentencia son de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los operadores del sistema de justicia. Los magistrados le están diciendo en esa sentencia a los jueces y fiscales: ‘No vayan a tratar de sacar un inquilino moroso, imputándole el delito de invasión. ¡Tengan cuidado con eso! No vayan a torcer la justicia para resolver un asunto, que puede y debe ser resuelto por tribunales civiles”, destacó el conductor del espacio radial, periodista Eligio Rojas. T/RNVF/Referencial

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