La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso decisivo en la reconfiguración jurídica de su economía. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dio cuenta de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, calificándolo como un instrumento para «garantizar el desarrollo sustentable y sostenible de la minería» en el país.«Seguimos construyendo el andamio jurídico perfecto para el desarrollo de la patria buena», expresó el titular del Legislativo. Un nuevo pacto jurídico Detrás de este anuncio, que busca modernizar el sector por primera vez desde 1999, se despliega un debate complejo.El proyecto de ley, que consta de 127 artículos, no es una simple actualización administrativa. Deroga la legislación de 1999 y la Ley Orgánica de Reserva de Oro de 2015 para establecer un nuevo paradigma. Se mantiene la propiedad inalienable de la República sobre los yacimientos (Artículo 3), pero se abre un abanico de figuras para la operación: desde empresas mixtas y concesiones hasta las novedosas Brigadas Mineras y la protección de la minería artesanal. El texto crea instituciones clave como el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) y el Banco Nacional del Dato Geocientífico-Minero, concebidos para aportar rigor científico a una actividad a menudo empírica. Sputnik conversó con expertos que analizan las claves de esta iniciativa, en un contexto donde el país sudamericano busca diversificar su economía más allá del petróleo, pero lidia con realidades complejas en sus territorios mineros.La ingeniera geóloga Luiraima Salazar señala que, desde una perspectiva científica, el fortalecimiento de INGEOMIN para la elaboración de cartografía geológica sistemática y la evaluación de reservas «podría constituir una plataforma estratégica para futuras investigaciones en geociencias, planificación territorial y gestión de recursos naturales». La especialista ve en esto un camino para generar empleo calificado. «Podría abrir oportunidades laborales para profesionales de las Ciencias de la Tierra (geólogos, geofísicos, geoquímicos e ingenieros de minas) que quedaron desplazados del mercado laboral durante la prolongada crisis económica y el colapso del sector petrolero», resalta. La encrucijada del desarrollo Sin embargo, el análisis de Salazar introduce una reflexión que recorre todo el debate: la distancia entre el texto legal y la realidad del terreno. La geóloga advierte que esta reforma se implementa «en un territorio marcado por economías ilegales, fragmentación del control estatal y graves conflictos socioambientales».El proyecto de ley, con su lenguaje técnico sobre «desarrollo sostenible» y «minería ecológica», contrasta con la realidad que ella describe en el sur del país sudamericano: «deforestación masiva, contaminación por mercurio en ríos amazónicos, destrucción de territorios indígenas y expansión de economías de esclavitud laboral»En su opinión, el discurso de la «minería ecológica» corre el riesgo de convertirse en «una construcción propagandística engañosa», esto si no va acompañado de instituciones independientes capaces de fiscalizar. Esta visión es matizada, pero coincide en el diagnóstico de los desafíos con la del ingeniero mecánico Luis Prieto.Para el experto, el nuevo marco legal debe entenderse en relación con el decreto de 2016, que reservó al Estado la exploración de minerales estratégicos. La nueva ley, explica, «intenta estructurar un modelo más amplio de organización del sector, manteniendo la propiedad estatal del subsuelo, pero creando condiciones regulatorias para una mayor participación operativa y financiera de distintos actores».El objetivo, según Prieto, es ordenar una actividad marcada por «informalidad, baja supervisión y pérdida de valor económico para el país», pero advierte que la ley podría fortalecerse con elementos de legislaciones más avanzadas.Entre sus sugerencias destaca la necesidad de implementar «sistemas de trazabilidad de los minerales desde su extracción hasta su comercialización» y «estándares ambientales internacionales obligatorios para el manejo de relaves, uso de sustancias contaminantes y protección de cuencas hidrográficas». ¿Gobernanza o formalización del caos? El punto de convergencia entre los especialistas es la preocupación por la gobernanza real. Salazar plantea la interrogante de manera directa: gran parte de los yacimientos se encuentran en zonas donde «el Estado no ejerce un control real y efectivo», y se pregunta cómo van a controlar eso.La ley crea un andamiaje de control: un ministerio rector, un resguardo nacional minero ejercido por la Guardia Nacional, una superintendencia y un registro único minero. Sin embargo, Salazar alerta sobre el riesgo de que la nueva legislación termine siendo una herramienta que no desmonte las estructuras ilegales preexistentes, sino que, al crear nuevas figuras como cooperativas o concesiones, corra el riesgo de legalizar indirectamente redes de extracción ya existentes. En su análisis, «el problema no es la falta de ley. El problema es quién controla realmente las minas».Prieto, por su parte, añade un elemento crucial: la lucha contra la corrupción. Sostiene que convertir la riqueza mineral en bienestar «exige transformar la gobernanza del sector y enfrentar con decisión dos problemas estructurales: la corrupción y la criminalidad asociada a la minería». Los expertos coinciden en que el verdadero desafío no es únicamente aprobar una nueva ley, sino construir las condiciones para que esa normativa se traduzca en gobernanza real. Como refiere Salazar, «el futuro del Arco Minero dependerá menos del texto de la ley que de la capacidad del Estado y de sus instituciones técnicas para recuperar el control efectivo del territorio». En paralelo al debate legislativo, el Ejecutivo Nacional ha movido fichas clave en el tablero institucional del sector. Mediante el decreto presidencial número 5.266, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.994 del 6 de marzo de este año, se ordenó la fusión por absorción de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La CVM subsiste como empresa absorbente, integrando la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de Minerven, en una operación que busca centralizar y optimizar el manejo de los activos mineros del Estado.La normativa concede un plazo de 30 días para que la CVM realice las adecuaciones organizativas pertinentes, especialmente en materia de talento humano, sentando las bases para una gestión corporativa unificada.Complementando esta reestructuración, el decreto presidencial número 5.267 designó a Héctor José Silva Hernández como presidente encargado de la Corporación Venezolana de Minería, confiándole la tarea de liderar este proceso de consolidación empresarial.
