Venezuela actualiza su sector minero: las claves de la reforma que busca transformar el subsuelo nacional

La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso decisivo en la reconfiguración jurídica de su economía. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dio cuenta de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, calificándolo como un instrumento para «garantizar el desarrollo sustentable y sostenible de la minería» en el país.«Seguimos construyendo el andamio jurídico perfecto para el desarrollo de la patria buena», expresó el titular del Legislativo. Un nuevo pacto jurídico Detrás de este anuncio, que busca modernizar el sector por primera vez desde 1999, se despliega un debate complejo.El proyecto de ley, que consta de 127 artículos, no es una simple actualización administrativa. Deroga la legislación de 1999 y la Ley Orgánica de Reserva de Oro de 2015 para establecer un nuevo paradigma. Se mantiene la propiedad inalienable de la República sobre los yacimientos (Artículo 3), pero se abre un abanico de figuras para la operación: desde empresas mixtas y concesiones hasta las novedosas Brigadas Mineras y la protección de la minería artesanal. El texto crea instituciones clave como el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) y el Banco Nacional del Dato Geocientífico-Minero, concebidos para aportar rigor científico a una actividad a menudo empírica. Sputnik conversó con expertos que analizan las claves de esta iniciativa, en un contexto donde el país sudamericano busca diversificar su economía más allá del petróleo, pero lidia con realidades complejas en sus territorios mineros.La ingeniera geóloga Luiraima Salazar señala que, desde una perspectiva científica, el fortalecimiento de INGEOMIN para la elaboración de cartografía geológica sistemática y la evaluación de reservas «podría constituir una plataforma estratégica para futuras investigaciones en geociencias, planificación territorial y gestión de recursos naturales». La especialista ve en esto un camino para generar empleo calificado. «Podría abrir oportunidades laborales para profesionales de las Ciencias de la Tierra (geólogos, geofísicos, geoquímicos e ingenieros de minas) que quedaron desplazados del mercado laboral durante la prolongada crisis económica y el colapso del sector petrolero», resalta. La encrucijada del desarrollo Sin embargo, el análisis de Salazar introduce una reflexión que recorre todo el debate: la distancia entre el texto legal y la realidad del terreno. La geóloga advierte que esta reforma se implementa «en un territorio marcado por economías ilegales, fragmentación del control estatal y graves conflictos socioambientales».El proyecto de ley, con su lenguaje técnico sobre «desarrollo sostenible» y «minería ecológica», contrasta con la realidad que ella describe en el sur del país sudamericano: «deforestación masiva, contaminación por mercurio en ríos amazónicos, destrucción de territorios indígenas y expansión de economías de esclavitud laboral»En su opinión, el discurso de la «minería ecológica» corre el riesgo de convertirse en «una construcción propagandística engañosa», esto si no va acompañado de instituciones independientes capaces de fiscalizar. Esta visión es matizada, pero coincide en el diagnóstico de los desafíos con la del ingeniero mecánico Luis Prieto.Para el experto, el nuevo marco legal debe entenderse en relación con el decreto de 2016, que reservó al Estado la exploración de minerales estratégicos. La nueva ley, explica, «intenta estructurar un modelo más amplio de organización del sector, manteniendo la propiedad estatal del subsuelo, pero creando condiciones regulatorias para una mayor participación operativa y financiera de distintos actores».El objetivo, según Prieto, es ordenar una actividad marcada por «informalidad, baja supervisión y pérdida de valor económico para el país», pero advierte que la ley podría fortalecerse con elementos de legislaciones más avanzadas.Entre sus sugerencias destaca la necesidad de implementar «sistemas de trazabilidad de los minerales desde su extracción hasta su comercialización» y «estándares ambientales internacionales obligatorios para el manejo de relaves, uso de sustancias contaminantes y protección de cuencas hidrográficas». ¿Gobernanza o formalización del caos? El punto de convergencia entre los especialistas es la preocupación por la gobernanza real. Salazar plantea la interrogante de manera directa: gran parte de los yacimientos se encuentran en zonas donde «el Estado no ejerce un control real y efectivo», y se pregunta cómo van a controlar eso.La ley crea un andamiaje de control: un ministerio rector, un resguardo nacional minero ejercido por la Guardia Nacional, una superintendencia y un registro único minero. Sin embargo, Salazar alerta sobre el riesgo de que la nueva legislación termine siendo una herramienta que no desmonte las estructuras ilegales preexistentes, sino que, al crear nuevas figuras como cooperativas o concesiones, corra el riesgo de legalizar indirectamente redes de extracción ya existentes. En su análisis, «el problema no es la falta de ley. El problema es quién controla realmente las minas».Prieto, por su parte, añade un elemento crucial: la lucha contra la corrupción. Sostiene que convertir la riqueza mineral en bienestar «exige transformar la gobernanza del sector y enfrentar con decisión dos problemas estructurales: la corrupción y la criminalidad asociada a la minería». Los expertos coinciden en que el verdadero desafío no es únicamente aprobar una nueva ley, sino construir las condiciones para que esa normativa se traduzca en gobernanza real. Como refiere Salazar, «el futuro del Arco Minero dependerá menos del texto de la ley que de la capacidad del Estado y de sus instituciones técnicas para recuperar el control efectivo del territorio». En paralelo al debate legislativo, el Ejecutivo Nacional ha movido fichas clave en el tablero institucional del sector. Mediante el decreto presidencial número 5.266, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.994 del 6 de marzo de este año, se ordenó la fusión por absorción de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La CVM subsiste como empresa absorbente, integrando la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de Minerven, en una operación que busca centralizar y optimizar el manejo de los activos mineros del Estado.La normativa concede un plazo de 30 días para que la CVM realice las adecuaciones organizativas pertinentes, especialmente en materia de talento humano, sentando las bases para una gestión corporativa unificada.Complementando esta reestructuración, el decreto presidencial número 5.267 designó a Héctor José Silva Hernández como presidente encargado de la Corporación Venezolana de Minería, confiándole la tarea de liderar este proceso de consolidación empresarial.

AN estudia leyes para apoyar reformulación de la economía en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez, informó que actualmente el Parlamento estudia una serie de leyes para que acompañen el proceso de reformulación económica del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. «Tenemos en este momento pensado principalmente una serie de leyes que acompañen el proceso de reformulación económica del Gobierno de la presidenta Rodríguez. Fíjense que ya hicimos una reforma importante de la Ley de Hidrocarburos que está ajustada a los nuevos tiempos”, afirmó citado por el medio local La Iguana TV. Rodríguez señaló que la Ley de Hidrocarburos puede haber sido «muy útil» y «muy progresiva» en el año 2006-2007, pero en los actuales momentos «más bien perjudicaba una actividad fundamental que es los nuevos pozos”. En este sentido, acotó que “nosotros no queremos seguir diciendo que somos la primera reserva de petróleo del mundo, sino utilizar ese petróleo que está bajo la tierra y convertirlo en escuelas, convertirlo en hospitales, convertirlo en ingresos para la gente». Destacó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos permitió hacer más competitivo este instrumento legal a efecto que la inversión extranjera. El Parlamento también trabaja en la Ley de Minas, “por una explotación minera sustentable, con respeto al ecosistema, y también permita que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación del oro, diamante, de las llamadas tierras raras”, indicó Rodríguez. Además, mencionó la Ley de Aceleración de Trámites que “es un clamor nacional e internacional”, dijo, y su propósito es que la gente no tenga que estar en tantos obstáculos para cumplir con un trámite ante el Estado. En definitiva, indicó que el plan del Poder Legislativo para este 2026 es tener completamente sancionadas 34 leyes.Rodríguez señaló que la Ley de Hidrocarburos puede haber sido «muy útil» y «muy progresiva» en el año 2006-2007, pero en los actuales momentos «más bien perjudicaba una actividad fundamental que es los nuevos pozos”. En este sentido, acotó que “nosotros no queremos seguir diciendo que somos la primera reserva de petróleo del mundo, sino utilizar ese petróleo que está bajo la tierra y convertirlo en escuelas, convertirlo en hospitales, convertirlo en ingresos para la gente». Destacó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos permitió hacer más competitivo este instrumento legal a efecto que la inversión extranjera.El Parlamento también trabaja en la Ley de Minas, “por una explotación minera sustentable, con respeto al ecosistema, y también permita que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación del oro, diamante, de las llamadas tierras raras”, indicó Rodríguez. Además, mencionó la Ley de Aceleración de Trámites que “es un clamor nacional e internacional”, dijo, y su propósito es que la gente no tenga que estar en tantos obstáculos para cumplir con un trámite ante el Estado.En definitiva, indicó que el plan del Poder Legislativo para este 2026 es tener completamente sancionadas 34 leyes.

Presidente Maduro toma juramento para un nuevo periodo de Gobierno

En conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tomó juramento para ejercer el cargo de Presidente Constitucional para el periodo 2025-2031. El se realizó en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional (AN) con la presencia de representantes de más de 125 países, entre los que estaban los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Nicaragua, Daniel Ortega. Durante el acto protocolar, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez Gómez, destacó que la juramentación se realiza ante la Constitución Nacional Original firmada por el comandante eterno, Hugo Chávez, el 15 de diciembre de 1999. «Ciudadano Nicolás Maduro Moros, jura usted en el nombre del Dios Todopoderoso. Jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur. Jura por nuestros ancestros primigenios. Y jura por su honor, respetar y hacer respetar la constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo», expresó Rodríguez como antesala del juramento del jefe de Estado. El presidente constitucional reelecto por la mayoría de los venezolanos, Nicolás Maduro, realizó su juramento, en el cual manifestó: «Juro por Guaicaipuro, por Pedro Camejo y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez y juro por el histórico y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta constitución que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de las leyes de la República, que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia; lo juro por la historia, lo juro por mi vida que así cumpliré y cumpliremos ¡Lo Juro!». Seguido del acto de juramentación, al mandatario nacional proclamado por los Poderes y el Pueblo Bolivariano, se le colocó la banda presidencial realizada y confeccionada de las manos de hombres y mujeres de la ciudad de Caracas,  «Que refleja la cohesión y el esfuerzo que emana el espíritu del Poder Popular»; de igual manera, se le fue impuesto el collar histórico de la Orden de Libertadoras y Libertadores de Venezuela que resguarda las llaves del arca que protege el libro de Acta de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela firmada el 5 de julio de 1811 por los héroes de la Patria. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, firmó el acta de juramentación que lo atribuye como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, avalada por los representantes de los cinco poderes que constituyen la legalidad de la nación. T/Con información de VTV F/Prensa Presidencial

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