T/José Negron Valera-Sputnik El Parlamento venezolano finalmente dio luz verde a un cuerpo normativo de 137 artículos que deroga la ley vigente desde 1999 y la Ley de Oro.El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó la norma como un «vehículo para la construcción de la prosperidad», destacando su amplia consulta, así como su blindaje ambiental y social.Ante este cambio de paradigma en la industria extractiva, Sputnik consultó a dos ingenieros y docentes universitarios para desglosar el articulado, sus retos y sus alcances en un contexto de competencia global por los recursos. Un cambio de raíz Para el ingeniero de minas, José Luis de Abreu, el aspecto más relevante de la nueva ley es el cambio de modelo económico subyacente.«La ley de 1999 mantenía un esquema de monopolio estatal cerrado. La nueva, en cambio, está diseñada explícitamente para abrir la compuerta a la inversión privada nacional e internacional. Es una ley de 131 artículos que representa un giro de 180 grados: se pasa del ‘Estado dueño absoluto’ al ‘Estado socio regulador’», explica.De Abreu destaca que la norma introduce herramientas concretas para generar confianza inversionista. «Se habla de plazos de concesión extendidos, un esquema tributario simplificado con regalías de hasta el 13% y, crucialmente, la creación de la Superintendencia Nacional de Actividad Minera. Este ente exclusivo permite regular y monitorear el sector sin la burocracia cruzada que ahogaba los proyectos», señala.«Además, la ley crea el Banco de datos geocientíficos minero, que es la carta de presentación del país ante el mundo: tener información geológica certificada y asegurada por el Estado es el primer paso para que cualquier fondo de inversión se siente a negociar», ahonda. En cuanto a los dos grandes problemas del sector, la informalidad y el daño ambiental, el docente titular de la Universidad Central de Venezuela es preciso.«La ley no improvisa. Ataca la minería ilegal con penas de prisión de seis a 10 años y crea el ‘Resguardo nacional minero’, un aparato de seguridad especial para imponer el orden en zonas dominadas por grupos irregulares. Es una apuesta por la vía punitiva y la militarización para recuperar la soberanía territorial», pondera.Al abordar la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China por los minerales latinoamericanos, De Abreu señala la paradoja venezolana.«EEUU ha dicho que buscará limitar el acceso de China a nuestros recursos mediante diplomacia, coerción económica y financiación selectiva. Pero, en el caso de Venezuela, la infraestructura minera está en ruinas. La única mina de níquel regulada lleva más de una década cerrada, y los proyectos de cobre o plata están en etapas muy tempranas o paralizados. Atraer la inversión para reactivar esto llevaría años, si no décadas. Es poco realista pensar en una exclusión total de China a corto plazo. Lo que veremos es una ‘competencia acentuada’», subraya. La vista en la pequeña minería Por su parte, el ingeniero Luis Prieto enfatiza el carácter orgánico de la ley y su enfoque en la formalización de la pequeña minería.«Esta ley no solo habla de grandes transnacionales. Introduce la figura de las brigadas mineras, una figura jurídica para legalizar la actividad artesanal que ha estado dominada por la irregularidad y la violencia en el sur del país. Poblaciones donde el oro se compraba al menudeo sin control, ahora deberán canalizar su producción a través de estas brigadas registradas. Es una forma de sacar del oscurantismo a los pequeños mineros y convertirlos en sujetos de derecho y deber», detalla.. En el frente ambiental y social, el experto rescata la creación del Fondo Nacional Minero. «No es solo un discurso de sostenibilidad. La ley asigna hasta el 1% de la producción bruta a proyectos sociales y económicos en las áreas de influencia minera. Eso permite resarcir el impacto y atacar la pobreza extrema en zonas mineras, donde la actividad ilegal dejó miseria. También se exige una remediación progresiva y reforestación de áreas afectadas. Eso es parte de lo que debe impulsar la Superintendencia: no solo sacar mineral, sino recuperar el territorio». Sobre la competencia entre Washington y Pekín, Prieto adopta un enfoque pragmático. «EEUU puede usar su relación actual con el Gobierno venezolano para intentar desplazar a los chinos mediante alianzas y modelos de negocio favorables. Pero la ley es clara: el Estado se reserva la disposición de con quién negocia. Si [Washington] entiende que Caracas necesita inversiones urgentes, puede venir. Pero el país no puede esperar a las decisiones de la Casa Blanca». El gran reto no es solo quién invierte, sino imponer el orden interno, opina Prieto. Implementar el registro único minero y las penas de prisión contra la ilegalidad será el verdadero termómetro del éxito.«Los retos son enormes: controlar la migración desordenada de mineros extranjeros, desarticular las bandas armadas que operan en la selva y, sobre todo, lograr que las alcaldías y gobernaciones se coordinen con la Superintendencia. Sin articulación institucional, la ley se queda en el papel», concluye el especialista.