El Comité de Familiares por una Vida Digna denunció este lunes una grave emergencia sanitaria en las cárceles ecuatorianas, alertando sobre un presunto brote de tuberculosis y falta de transparencia de las autoridades en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena (oeste, en la costa al Pacífico). Al menos 35 personas privadas de libertad diagnosticadas con la enfermedad han sido trasladadas a la Cárcel Regional Número 4 de Guayaquil, presentando cuadros severos de desnutrición y un evidente deterioro físico, sin que las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) emitan un pronunciamiento oficial. La directora del colectivo, Ana Morales, aseguró que algunos reclusos registran condiciones médicas alarmantes y visibles signos de caquexia, un estado extremo de debilidad y pérdida de masa corporal. También alertó sobre presuntas contradicciones en los informes emitidos por las instituciones del Estado, ya que en ciertos documentos oficiales se asegura que determinadas personas privadas de la libertad no padecen la enfermedad, a pesar de que sus nombres constarían en los listados de contagio. A juicio del abogado y defensor de DD.HH., Fernando Bastías Robayo, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, advirtió que la reubicación de internos evidencia un problema mayor en desarrollo. “El traslado de docenas de personas privadas de libertad de la cárcel del Encuentro de vuelta hacia Guayaquil por tuberculosis demuestra la inminente crisis sanitaria que surgirá en la cárcel de Santa Elena”, señaló. El riesgo inminente de propagación de la bacteria dentro de los pabellones es una preocupación central para el Comité de Familiares por una Vida Digna, que también señala falta de transparencia en el manejo de la información epidemiológica. Ante este escenario, exigió al Ministerio de Salud Pública (MSP) atención médica inmediata, diagnósticos precisos y tratamiento integral para los internos afectados. Además, exhortó al SNAI a transparentar el número real de contagios y solicitó al Ministerio del Interior acciones urgentes para proteger la vida de los reos. El colectivo hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales para que realicen una veeduría formal, denunciando públicamente que «ocultar o minimizar esta realidad pone en riesgo la vida de cientos de personas privadas de libertad y del personal penitenciario”. Entre abril y mayo de este año se confirmó la muerte por tuberculosis de dos personas privadas de libertad en la Cárcel del Encuentro. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el pasado 20 de mayo que, si bien se detectó la enfermedad en el segundo reo fallecido, la situación no representaría un peligro de propagación debido al «régimen de encierro en las celdas». Sin embargo, al menos uno de los internos tuvo que ser evacuado de urgencia a una casa de salud, el Hospital Liborio Panchana, debido a la gravedad de su condición, lo que confirmaría la presencia de casos activos que requieren atención hospitalaria de alta complejidad y aislamiento estricto. En la Cárcel del Encuentro, instalación de máxima seguridad, se encuentran detenidos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el exvicepresidente Jorge Glas. Familiares y abogados de ambos han denunciado que presentan signos de desnutrición y tortura, sumándose a las preocupaciones por las condiciones de salud y el respeto a los DD.HH. en el sistema penitenciario de Ecuador. Las relatoras de la ONU, Gina Romero y Andrea Bolaños, rechazaron las restricciones impuestas a familiares de reclusos de la Cárcel del Encuentro que intentaron realizar un plantón el pasado 21 de mayo con el objetivo de denunciar las condiciones de detención y la incomunicación de los internos, de quienes aseguran no tener noticias desde hace seis meses. Ambas expertas criticaron que policías, agentes de tránsito y militares impidieran el avance de los familiares y periodistas que cubrían la protesta. Las ciudadanas, en su mayoría madres y esposas de los detenidos, exigieron acceso a alimentos, visitas y atención médica para los reos. Romero recordó que los estándares internacionales obligan al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones, mientras Bolaños calificó a las participantes como defensoras de derechos humanos, enfatizando que las instituciones públicas deben garantizar que puedan actuar sin amenazas ni hostigamientos. T/Telesur
