Mineápolis ha vuelto a ser un símbolo doloroso de la violencia estatal en EE.UU. El pasado 7 de enero, Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, fue abatida durante un control de carretera por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 24 de enero, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y trabajador del Centro de Asuntos de Veteranos, fue asesinado, de nuevo por agentes del ICE, mientras intentaba ayudar a una señora durante otra redada. Estas no son víctimas colaterales de disturbios, sino muertes ejecutadas por agencias federales en operativos dirigidos contra personas concretas. Y el lugar no es irrelevante. Mineápolis fue el epicentro de la revuelta antirracista de 2020 tras el asesinato de George Floyd por la policía local, un crimen grabado en directo que provocó la mayor ola de protestas en EE.UU. desde los años sesenta y puso el foco sobre la violencia policial estructural. Recordemos que cuando aquel estallido social sacudió al país, Donald Trump respondió con un lacónico y brutal «law and order [ley y orden]», pero esto no fue solo una consigna, sino una invocación a una genealogía política profunda. Medio siglo antes, George Wallace, el segregacionista gobernador de Alabama, había llevado ese discurso al paroxismo. Como recuerda Dan T. Carter en From George Wallace to Newt Gingrich, los mítines de Wallace eran liturgias violentas donde el culto a la patria herida, el odio a los otros y los llamamientos a disparar se fundían en un espectáculo sin disimulo. En 1968, en el Madison Square Garden, gritó: «En Alabama, el primero que coja un ladrillo recibe una bala en el cerebro». La tradición fascistizante de EE.UU. está incrustada en su ADN político. Desde el Ku Klux Klan hasta el Partido Nazi Americano de los años treinta —con actos públicos en ciudades como Nueva York—, pasando por milicias armadas contemporáneas como los Oath Keepers o los Proud Boys, el país ha albergado durante décadas un ecosistema reaccionario persistente. Y aquello que Wallace no logró institucionalizar, Trump lo está convirtiendo ahora en método de gobierno. Así, no es casual que, bajo su liderazgo, ICE haya ganado un protagonismo inédito, como brazo operativo de una forma nueva de gobernar que combina el miedo y el espectáculo. Sin embargo, EE.UU. no llega aquí desde la nada. La tradición fascistizante está incrustada en su ADN político. Desde el Ku Klux Klan hasta el Partido Nazi Americano de los años treinta —con actos públicos en ciudades como Nueva York—, pasando por milicias armadas contemporáneas como los Oath Keepers o los Proud Boys, el país ha albergado durante décadas un ecosistema reaccionario persistente. Ese universo, que combina supremacismo racial, culto a las armas y paranoia antigubernamental, no solo no ha desaparecido: se ha adaptado y fortalecido. Hoy encuentra expresión también en teorías conspirativas como QAnon, redes evangélicas ultra, «influencers» misóginos con millones de seguidores y medios que blanquean el odio. Es en esa base social y cultural donde se gesta el actual proyecto autoritario. Trump, en ese sentido, no inventa nada, pero sí lo capitaliza. Ya en el año 2000 intentó una candidatura personalista desde el marginal Partido Reformista, sin éxito. Fue su confluencia posterior con estos sectores —reaccionarios, desclasados y profundamente resentidos— lo que le permitió construir una narrativa capaz de condensarlos. Trump sigue jugando al antiestablishment, pero es parte del mismo: millonario, depredador, habituado al poder y vinculado a redes de impunidad como las reveladas por el caso Epstein. Bajo el lema «Make America Great Again», el proyecto MAGA articula un ideario profundamente reaccionario: nostalgia de un orden racial y patriarcal perdido, odio a las élites culturales, culto a la violencia y exaltación de la nación blanca herida. Su conexión con la tradición fascistizante no es meramente estética, sino estructural: promueve una visión jerárquica de la sociedad, deshumaniza al adversario y legitima el uso de la fuerza como vía de restauración del orden. Desde ahí, Trump logró capturar al Partido Republicano y cumplir su sueño (personal) de llegar a la presidencia. Durante su primer mandato, esta ofensiva pareció un fenómeno limitado. Pero el 6 de enero de 2021, el intento de toma del Capitolio demostró que aquello no era más que el prólogo de una reconfiguración más profunda. En su segundo mandato —el que atraviesa hoy EE.UU.— Trump, además, ha regresado con respaldo ampliado. Ya no es solo el líder de un movimiento radicalizado, sino una figura de consenso entre diversas fracciones que incluyen a sectores del capital financiero y tecnológico que antes se mostraban reacios. Trump sigue jugando al antiestablishment, pero es parte del mismo: millonario, depredador, habituado al poder y vinculado a redes de impunidad como las reveladas por el caso Epstein. Durante décadas, la oligarquía estadounidense no necesitó una dictadura abierta. Se sostuvo mediante una serie de mediaciones eficaces: el racismo estructural, que dividía a la clase trabajadora y legitimaba una violencia desigual; el anticomunismo como ideología nacional, que permitió perseguir toda disidencia y propuestas alternativas; y el mito del ascenso social, alimentado por el consumo, el crédito y una movilidad ascendente limitada, pero real. A ello se sumó un dispositivo crucial: la violencia proyectada hacia afuera. El consenso se desmorona. Y cuando eso falla, el capital necesita otras herramientas. Es ahí donde Mineápolis no solo es una ciudad golpeada, sino un ensayo general. Invasiones, guerras, golpes de Estado y sanciones permitieron a EE.UU. extraer recursos, aplastar gobiernos incómodos y mantener la cohesión interna mediante un enemigo externo funcional. Esa fórmula —represión hacia abajo, agresión hacia afuera, ilusión hacia adentro— permitió gobernar sin mostrarse abiertamente como un régimen autoritario. Pero todo eso ha entrado en crisis. Hoy, EE.UU. sufre un estancamiento económico estructural, inflación persistente, crisis habitacional, colapso de servicios públicos, endeudamiento crónico y pérdida de hegemonía internacional. El consenso se desmorona. Y cuando el consenso falla, el capital necesita otras herramientas. Es ahí donde Mineápolis no solo es una ciudad golpeada, sino un ensayo general. ICE actúa ya como policía política. La represión selectiva y
