La rehabilitación que necesita China

El 15 de enero de 2026, en la provincia de Fujian, pasó algo que, visto desde afuera, parecía menor. Y sin embargo, decía más de lo que sugería. En la Escuela Changlong, en el condado de Lianjiang, un edificio escolar fue rebautizado con un firme trazo de caligrafía. “阮经在学楼” (Edificio de Enseñanza Ruan Jingzai) quedó escrito en el frente, junto a la firma del Nobel de Literatura Mo Yan. No fue un acto protocolar cualquiera. En China, la caligrafía pesa. Y se nota. El autor de Sorgo rojo eligió dejar su trazo en una escuela rural, en una zona montañosa y de fuerte tradición migrante. “Espero que esta iniciativa pueda iluminar el camino de lectura de los niños de las zonas rurales”, dejó dicho. El gesto ocurrió quince días antes de la entrada en vigencia del Reglamento para la Promoción de la Lectura a Nivel Nacional. Un detalle. Mientras el mundo —con China corriendo en punta— se obsesiona con la Inteligencia Artificial y con chips que envejecen más rápido que las ideas que prometen acelerar, el país asiático abre, al mismo tiempo, una discusión bastante más incómoda sobre cómo volver a leer. El nuevo reglamento, vigente desde el 1 de febrero, reúne 45 artículos que establecen obligaciones para gobiernos locales, escuelas, empresas y hasta aeropuertos. Pero detrás de las 3.248 bibliotecas públicas, los 44.000 centros culturales y los más de 40.000 nuevos espacios de lectura desplegados en los últimos años, hay otra cosa. Una preocupación que rara vez se dice en voz alta, pero que los números ya no logran disimular: China está empezando a perder la capacidad de comprender lo que lee. La paradoja está ahí, incómoda. China tiene 670 millones de usuarios de lectura digital, un mercado que en 2024 movió más de 66.000 millones de yuanes (unos 9.500 millones de dólares) y creció más del 16% interanual. Nunca hubo tanto acceso. Nunca fue tan fácil leer. Y sin embargo, algo empieza a desacomodarse. La 22ª Encuesta Nacional de Lectura, difundida en abril de 2025, muestra que el adulto promedio dedica más de tres horas diarias a leer en pantallas —108 minutos solo en el teléfono— y apenas 24 minutos a los libros en papel. Al mismo tiempo, el país publica cientos de miles de títulos por año y alcanza un volumen estimado de 15.500 libros leídos por minuto. Pero leer no es lo mismo que entender. Y China empezó a advertirlo. O, al menos, a sospecharlo en gestos mínimos que empiezan a repetirse en los sondeos a lectores, como la mirada que salta de una línea antes de terminarla o la página que es abandonada en la mitad sin ninguna culpa. Como cuando uno llega al final de un párrafo y no recuerda qué decía. Los datos, como siempre, ayudan y engañan. La tasa de lectura integral entre adultos alcanzó el 82,1% en 2024. El promedio de libros leídos llegó a 8,31 por persona. Los menores de 17 años leen más que los adultos y la tendencia crece desde hace una década. Todo parece ir bien. Hasta que alguien se detiene a revisar los números. Porque el tiempo dedicado al papel cayó hasta representar apenas el 11% del total. Y eso cambia todo. No es lo mismo leer fragmentos que sostener una idea. No es lo mismo pasar pantallas en segundos que atravesar páginas durante horas. Xu Shengguo, director del Instituto de Investigación de la Academia China de Prensa y Publicaciones, lo resume sin vueltas: «La digitalización ha hecho que la lectura sea más accesible, pero también ha traído consigo una avalancha de contenido fragmentado. El desplazamiento rápido y el consumo fraccionado compiten cada vez más por la atención de las personas. Si bien amplían el alcance del conocimiento, no pueden reemplazar fácilmente la profundidad de pensamiento cultivada mediante la lectura sostenida». El desafío ya no es llegar a los libros. Es quedarse. El reglamento intenta responder a esa tensión sin negar la realidad. Por un lado, integra la lectura digital y exige mejorar la calidad de los contenidos. Por el otro, obliga a recuperar espacios físicos: bibliotecas en aeropuertos, estaciones, centros comerciales, y nuevos desarrollos urbanos con áreas dedicadas a la lectura. Como si la cuestión fuera, también, arquitectónica. Hay capítulos específicos para zonas rurales, regiones étnicas y áreas menos desarrolladas, donde la brecha de lectura supera los 18 puntos respecto a las ciudades. Y una novedad: desde 2026 habrá una Semana Nacional de la Lectura, previstas para los últimos días de abril. Siete jornadas para hacer lo que antes era cotidiano y que ahora parece necesitar calendario. Pero el punto más sensible está en los adolescentes. El artículo 32 obliga a las escuelas a reforzar la lectura en los planes de estudio, porque ya no se puede dar por hecho que los alumnos sepan leer en serio.Zhang Peng, profesor de la Universidad Normal de Nanjing, lo explica mejor: el cerebro se acostumbró a la recompensa inmediata. Scroll, estímulo, dopamina. La lectura larga, en cambio, exige otra cosa. Tiempo. Paciencia. Resistencia. Justo lo que escasea. La ironía es evidente. Mientras Occidente mira a Beijing con desconfianza por sus avances tecnológicos, el gobierno chino parece dispuesto a librar una batalla bastante más básica, la de sostener la atención frente a un buen libro. No es nostalgia. Es diagnóstico. Porque la tecnología resuelve problemas, pero también los fabrica. Y a veces lo hace más rápido de lo que una sociedad necesita para adaptarse. El punto, en el fondo, no es cuánto se lee. Es cómo. Porque leer tres horas en un celular no equivale a hacerlo en un libro tradicional. Y esa diferencia —mínima, casi invisible para un ojo apurado— es la que empieza a incomodar. En las redes sociales chinas, la expresión “reeducación lectora” ya se volvió viral. No por casualidad. Leer dejó de ser un hábito natural. Ahora es algo que hay que reaprender. Como quien vuelve a entrenar un músculo que se atrofió sin darse cuenta. Que el primer Nobel chino de literatura haya

China no se toma el té con calma

“No estoy interesado en la inmortalidad, sólo en el sabor del té”. La frase resume el espíritu del “Poema de las Siete Tazas de Té”, que el maestro Lu Tong escribió en tiempos de la dinastía Tang (618-907 d.C.), uno de los períodos más brillantes de la historia china. Recluido durante años en las montañas de Henan, el poeta descubrió que el inmenso disfrute que sentía ante una taza, casi hirviendo como se preparaba entonces, le daba una sensación de trascendencia que ninguna otra experiencia terrenal podía lograr. Más de mil años después, mientras los versos de Lu siguen definiendo el alma de la cultura china, el país decidió apostar fuerte a la reindustrialización de los extractos del té – polifenoles, catequinas, aceites esenciales y compuestos bioactivos -, como ingredientes centrales de un circuito productivo que opera lejos de aquellas tazas humeantes del pasado. Químicos de uso cotidiano, sueros antioxidantes, detergentes biodegradables, suplementos metabólicos, bebidas, cosmética y alimentos saludables, son sólo algunos de los sectores que se beneficiarán con esta expansión del uso de las materias primas y componentes del té, según las previsiones del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, y otros 4 departamentos gubernamentales. Para los especialistas chinos, la imagen del té ya no remite a campesinos inclinados en una plantación interminable, sino a un biotecnólogo de guardapolvo en un laboratorio silencioso. Como repite el gobierno en sus documentos oficiales, la meta es fortalecer la innovación científico-tecnológica del llamado “té inteligente”, un sistema productivo que hoy utiliza sensores 5G en las áreas de cultivo, robots recolectores con visión artificial y códigos QR que permiten al consumidor saber de qué ladera salió su té y hasta qué fertilizantes utilizaron en su cultivo. “La ceremonia del té ahora conversa con la nube y nadie parece escandalizarse”, admiten desde Beijing, en esta mezcla tan china de orgullo tecnológico y melancolía cultural. El año pasado, los números acompañaron esta nueva tendencia. China fue uno de los principales proveedores de extractos de té, en un mercado global que fue valorado entre 3.000 y 4.700 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual entre el 7,7 y el 8,2% de acá al 2030, según estimaciones del sector relevadas por Tea Extracts Market. Estas cifras dialogan con el protagonismo que hoy tiene China a nivel internacional, como productor de casi el 45% del té mundial, con un 75% de su volumen concentrado en té verde, 20% en negro y 5% en el llamado oolong. Nada de esto ocurre por iluminación tardía de algún funcionario. Detrás de la digitalización de los cultivos y la diversificación de extractos está presente la “mano visible” de una férrea planificación estatal que conduce todos los sectores de la economía. Precisamente, en ese contexto se inscribe el reciente anuncio de las “Directrices para la Mejora y Actualización de la Industria del Té 2026-2030”, que pretende alcanzar en ese período nada menos que 1,5 billones de yuanes, el equivalente a unos 217.000 millones de dólares. El plan establece una serie de metas que tienen como punto de partida el 2025, año en que la industria del té en China alcanzó un valor de U$S 145.000 millones en toda su cadena industrial, con más de 60 millones de personas empleadas en el sector, e ingresos de las empresas de procesamiento superiores a los 17 mil millones de dólares. Como meta intermedio para 2028, la intención es desarrollar 5 sectores industriales, con ingresos anuales de casi U$S 15.000 millones cada una, y un grupo de empresas líderes con beneficios que superen los 7.000 millones de dólares. En cualquier otro país sería un programa de varias décadas. En China, apenas un lustro. Para lograr estos objetivos, el documento estructura 19 tareas clave en torno a 6 áreas estratégicas, que procurarán impulsar la creación de fábricas inteligentes con inteligencia artificial y fomentar la «segunda transformación» de productos para los consumidores más jóvenes. En el Foro Internacional de Consumo Haihe, celebrado el año pasado en Tianjin, el cofundador de Chi Forest, Wang Pu, contó una anécdota reveladora. En 2023, su firma de bebidas saludables lanzó un producto con ingredientes de medicina tradicional, que solo en los primeros meses logró vender unos 14 millones de dólares, convirtiéndose en “uno de los nuevos productos de más rápido crecimiento” del mercado, según reconoció el empresario a la agencia de noticias Xinhua. En el mismo escenario, el director general de Boston Consulting Group, Roger Hu, explicó que hasta la hidratación puede convertirse en una buena estrategia de posicionamiento: “Si partimos de la base que un consumidor bebe 8 vasos de agua al día para mantenerse alerta, relajarse, socializar y acortar distancias, no es disparatado plantear que cada uno de esos vasos puede ser ocupado por una versión distinta de té, embotellado, burbujeante, enriquecido con ingredientes funcionales o presentado como alternativa saludable a las bebidas azucaradas”. Y el mercado lo sabe. Puertas afuera, las posibilidades también parecen ilimitadas, como lo viene probando el desembarco de distintas marcas en el mercado estadounidense, con estética pop y filas de clientes que ya no distinguen entre turistas y consumidores locales, mientras la competencia observa. MIXUE Ice Cream & Tea se instaló hace meses en Hollywood, Heytea pasó de 2 a 35 tiendas en apenas un año, Molly Tea abrió 5 locales y Chagee inauguró otros 2 en el área de Los Ángeles en menos de 3 meses. Detrás de esta expansión comercial – tan silenciosa como eficaz – se despliega una narrativa distinta a la que suele circular en muchos países de occidente, donde el té chino todavía se vincula con antiguas ceremonias de vapor silencioso. Las hojas que acompañaron al poeta Lu Tong hoy se multiplican en sensores, códigos QR y franquicias estadounidenses, como si el tiempo fuera una actualización de software.Cuando la cuestión es reinventarse, China no se toma con calma ni siquiera su milenario té. Y mucho menos el negocio que lo rodea. Porque detrás de cada hoja hay algo más que antioxidantes. Hay Estado. Por/Fernando Capotondo-Argentina

Relevo en la cúpula militar de Venezuela: ¿qué desafíos tiene el nuevo ministro de Defensa?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una reestructuración de su gabinete ejecutivo, que incluye ocho nuevas designaciones ministeriales, incluyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Guardia de Honor Presidencial. Sin embargo, el relevo en Defensa es el movimiento de mayor calado político y militar. El ministro saliente G/J Vladimir Padrino López publicó un mensaje de respaldo institucional ante la decisión de la presidenta encargada. «Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad. Estoy seguro de que la FANB saldrá fortalecida», afirmó, refiriéndose a su sucesor, el general Gustavo González López. Un cambio esperado Analistas consultados por Sputnik interpretaron el gesto de Padrino López como un mensaje de unidad y continuidad en la cúpula castrense. «Entiendo que el cambio del ministro de la Defensa era totalmente previsible en el marco de la actual coyuntura nacional, si bien es cierto que el general Padrino López tenía mucho tiempo en el cargo y eso podría ser un argumento a considerar. No obstante, el factor principal sin lugar a dudas debe estar vinculado con el resultado de los diálogos diplomáticos retomados oficialmente con el Gobierno de los Estados Unidos actualmente en curso», dijo el especialista en geopolítica Oswaldo Espinoza. «Es necesario recordar que uno de los objetivos fundamentales de estos diálogos es crear las condiciones necesarias para favorecer la inversión extranjera y la reactivación del proceso productivo nacional, siendo una de las condiciones más importantes las relacionadas con la seguridad, por lo que los cambios en el estamento militar, de inteligencia y policiales resultan totalmente lógicos», añadió. El hombre que asume el mando El nuevo ministro de Defensa es un conocedor de las dinámicas institucionales del Estado venezolano. Gustavo González López, de 65 años, graduado en la Academia Militar en 1982, ha construido una carrera vinculada a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que asumió el pasado 6 de enero, apenas tres días después del operativo militar estadounidense que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro. Su trayectoria incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre 2014 y 2018 y nuevamente entre 2019 y 2024, así como el cargo de ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016. Quienes lo conocen lo describen como una figura reservada, de escasa exposición mediática, pero de enorme peso en la seguridad y defensa de la nación suramericana. «El nuevo ministro viene de desempeñarse en labores de inteligencia y guardia de honor presidencial; ha estado relacionado muy de cerca con el aparato de defensa del gobierno, lo cual trasmite un mensaje de estabilidad política e institucional en el país», señaló Espinoza. Para el experto en seguridad y defensa de la Nación, Roberto González Cárdenas, quien fuese profesor en la Academia Militar de González López, el nuevo ministro de Defensa debe ser definido como «un excelente profesional». En cuanto a la naturaleza del cambio, González Cárdenas lo encuadró dentro de la dinámica natural del órgano castrense. «Es normal y parte de su naturaleza, el que dentro de una institución militar se vayan renovando las plazas», aseveró. Los desafíos de la cartera de Defensa Preguntados sobre los retos que enfrenta el Ministerio de Defensa en el actual escenario, ambos analistas coincidieron en la complejidad del momento y en la necesidad de una hoja de ruta clara. Espinoza identificó como prioridad inmediata la transmisión de un mensaje de estabilidad y unidad, tanto hacia dentro de la institución castrense como hacia la sociedad venezolana y la comunidad internacional. «El Ministerio de Defensa tiene enfrente importantes desafíos en este momento histórico para la nación. En primer lugar, es necesario transmitir el mensaje de paz y estabilidad nacional, así como de unidad en las Fuerzas Armadas; más allá de eso, e incluso más importante, resulta demostrar que el país está en el ejercicio pleno de su soberanía y que las Fuerzas Armadas cumplen a cabalidad su función de guardia y defensa de la soberanía nacional que reside en el pueblo», subrayó. «Otro desafío particularmente importante tiene que ver con la preservación de los logros en materia de disciplina, táctica, estrategia y equipamiento militar en las últimas décadas, mantener la doctrina cívico-militar, guerra asimétrica y de negación de acceso de área», apunta. Según Espinoza, una advertencia vital consiste en evitar un proceso de desarme de las capacidades defensivas actuales, y por eso «es necesario aprender las lecciones históricas de procesos como el de Libia».Por su parte, Roberto González Cárdenas consideró la necesidad de una visión más estructurada y técnica sobre los desafíos que aguardan al nuevo ministro. «Habría que enfocarse desde varios puntos de vista, desde varias aristas. Planificar para el corto, mediano y largo plazo, considerando las Fuerzas Armadas desde un punto de vista integral que profundice los aspectos educativos, de logística, la gestión del personal, así como la profundización de la inteligencia y las operaciones. En este sentido, el ministro de Defensa, aunque aborda los aspectos administrativos de la institución, debe hacerlo con la mirada siempre orientada a una dimensión militar-operacional. Es ese el reto», concluyó. T/José Negrón Valera F/Archivo-Prensa Presidencial

Cómo Ucrania y Europa pasaron del amor a la pelea

Después de años de unidad, en la relación entre Ucrania y Europa empieza a ampliarse una brecha. En las últimas semanas han aflorado reproches mutuos, acusaciones de chantaje y episodios diplomáticos incómodos, y con ello la frustración, dado que la dependencia estratégica es demasiado grande como para permitirse un adiós definitivo y una ruptura sin retorno. «En la geopolítica, así como en el matrimonio, las discusiones más acaloradas a menudo ocurren entre parejas que saben que simplemente no pueden irse», indica The Economist, en referencia a la peculiar relación entre Kiev y el bloque comunitario. Precisamente por eso, como tiende a ocurrir en las relaciones inevitables, los enfrentamientos suelen ser más sonoros. Lea también: De esto hablaron Putin y Lukashenko este fin de semana El factor Trump: un socio imprevisible que descoloca a todos El telón de fondo de esta tensión es el giro de la política estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. Tanto Kiev como las capitales europeas afirman buscar el fin del conflicto armado con Rusia, pero discrepan ante la forma en que Washington busca conducir el proceso. En Europa y Ucrania existe coincidencia en una idea: si Estados Unidos quiere impulsar una solución, la vía más eficaz sería presionar a Rusia para negociar. El problema, desde la óptica de Kiev y de muchos gobiernos europeos, es la percepción de que Trump se muestra demasiado complaciente con Vladímir Putin, al tiempo que abre nuevos frentes internacionales que distraen la atención del conflicto ucraniano y alteran los equilibrios energéticos y de seguridad. Ese clima se reflejó ya en enero, durante el Foro de Davos, cuando el líder del régimen de Kiev lanzó críticas públicas a Europa, a la que describió como «fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias» que debaten el futuro, pero evitan actuar en el presente. En varias capitales europeas, la frase fue recibida como una deslealtad: la UE insiste en que ha sostenido el esfuerzo financiero y político durante el conflicto de Ucrania con Rusia, incluso cuando Washington endureció el trato hacia Zelenski. Energía y sanciones: el petróleo ruso como detonante político Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el tema del petróleo. Aunque la Unión Europea empezó a boicotear los suministros energéticos de Rusia desde el 2022, algunos flujos continúan existiendo mediante excepciones y mecanismos transitorios. Para Kiev, cualquier compra europea de crudo ruso se traduce en ingresos para el Kremlin y, por lo tanto, en una contradicción moral y estratégica. En los últimos meses, la tensión estalló por el oleoducto Druzhba. A finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, el régimen de Kiev perpetró varios ataques con drones y misiles contra el oleoducto en territorio ruso, lo que provocó la suspensión del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia. Kiev atribuyó la suspensión del funcionamiento del oleoducto a los daños causados por supuestos ataques rusos, mientras que Hungría y Eslovaquia acusaron a las autoridades de Ucrania de chantaje político en represalia por su postura independiente sobre el conflicto ruso-ucraniano. En medio de la escalada, Budapest y Bratislava suspendieron los suministros de diésel a Ucrania. Hungría bloqueó además un préstamo de 90.000 millones de euros acordado en la UE para el régimen de Kiev. En Bruselas terminaron respaldando —a regañadientes— la exigencia de Budapest de vincular el paquete financiero a la cooperación ucraniana con la reparación del oleoducto. Kiev interpretó esa condición como una forma de presión inadmisible. El propio Zelenski habló de «chantaje» y llegó a deslizar que podría facilitar la dirección del primer ministro húngaro Viktor Orbán a las Fuerzas Armadas ucranianas, comentario que motivó una reprimenda pública de la Comisión Europea. La adhesión a la UE: entusiasmo en Kiev, cautela en Bruselas Más allá del choque coyuntural por el petróleo, subyace una divergencia mayor: la entrada de Ucrania en la Unión Europea. La UE abrió conversaciones de adhesión con Ucrania en el 2023, sabiendo que el proceso suele durar años, incluso para países estables y con economías consolidadas. Sin embargo, en propuestas de paz impulsadas desde EE.UU. a finales del año pasado apareció una idea explosiva: acelerar la adhesión ucraniana e incluso plantear una incorporación temprana, tan pronto como enero del 2027. Para Zelenski, un ingreso rápido sería un triunfo político interno y un argumento decisivo para defender cualquier acuerdo de alto el fuego que implique concesiones dolorosas —incluidas las pérdidas territoriales— ante la opinión pública ucraniana. Para varios socios europeos, en cambio, el ‘atajo’ despierta inquietud: temen sentar un precedente, alterar equilibrios presupuestarios y agrícolas y verse empujados a una decisión histórica por presiones externas. Las alternativas de una especie de adhesión parcial o fórmulas intermedias han circulado en Bruselas, pero por ahora no han logrado consenso, indica The Economist. Mientras muchos dirigentes europeos siguen valorando la determinación de Zelenski, también crece el cansancio ante sus pullas públicas y los gestos que, consideran, complican la unidad europea en un momento en que el apoyo interno en algunos países se vuelve más frágil. T/Actualidad RTF/RT

¿Por qué la isla de Kharg es importante en la guerra contra Irán y qué está en juego?

La isla de Kharg, una árida franja de tierra en el norte del Golfo, a unos 30 kilómetros de la costa iraní en la provincia de Bushehr, es mucho más importante de lo que su tamaño podría revelar. Con sus 20 kilómetros cuadrados, funciona como la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, además de gestionar casi la totalidad de las operaciones para enviar el crudo fuera del país. La isla recoleta el petróleo que llega a través del oleoducto desde los mayores campos productores del país, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran. La capacidad de almacenamiento en Kharg se estima en aproximadamente 30 millones de barriles y, según la empresa tecnológica de datos Kpler, actualmente en la isla se guardan alrededor de 18 millones de barriles de crudo, equivalente a unos 10-12 días de exportaciones en condiciones normales. Siendo el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Irán proporciona aproximadamente el 4,5% del suministro mundial de este hidrocarburo, con una producción de alrededor de 3,3 millones de barriles diarios, además de 1,3 millones de barriles por día de condensados y otros líquidos. Y días antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el pasado 28 de febrero, este último ya había incrementado sus exportaciones desde Kharg a niveles casi récord, cargando más de 3 millones de barriles diarios entre el 15 y el 20 de febrero, casi el triple de su ritmo normal de exportación que oscila entre 1,3 y 1,6 millones de barriles cada día, según JP Morgan. Durante la primera semana de la guerra, Kharg pareció estar al margen de los bombardeos. Había dudas y reservas sobre las consecuencias de lanzar una ofensiva directa contra la isla. Hasta el final de la semana pasada, cuando Washington atacó el pequeño territorio. ¿Presión por el estrecho de Ormuz? El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el viernes que las fuerzas de Washington habían destruido todos los objetivos militares en Kharg, y amenazó además con atacar la infraestructura petrolera de la isla si Irán mantenía su bloqueo en el estrecho de Ormuz. Horas después, un funcionario provincial iraní confirmó que las exportaciones de petróleo en Kharg continuaban con normalidad a pesar del ataque estadounidense. Ehsan Jahanian, vicegobernador de la provincia de Bushehr, declaró: “Las actividades de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúan con normalidad a pesar del ataque sionista-estadounidense”. Y añadió que esa ofensiva no produjo víctimas entre el personal militar ni los residentes de la isla. Y ya este lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió con dureza que cualquier ataque a la infraestructura petrolera de Kharg tendría un impacto significativo en los mercados energéticos mundiales. Alireza Tangsiri, comandante de la Armada, afirmó a través de una publicación en red social X que atacar dichas instalaciones alteraría la dinámica de los precios mundiales del petróleo. «Ya pusieron a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz. Si el control estratégico del estrecho estableció un nuevo índice para los precios del petróleo, un ataque a Kharg creará otra ecuación peligrosa y sin precedentes para las tarifas y la distribución energética mundial». Las decisiones de anteriores presidentes de EEUU Durante la crisis de los rehenes en Irán en 1979, el entonces presidente de EE.UU., Jimmy Carter, impuso sanciones a Irán, pero se abstuvo de ordenar ataques contra la isla. Su sucesor, Ronald Reagan, durante la guerra de los petroleros Irán-Iraq en la década de 1980, priorizó la protección del transporte marítimo y los ataques contra buques y baterías de misiles iraníes, dejando a Kharg intacta. Kharg experimentó importantes transformaciones durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, ya que gran parte de la costa del país era demasiado poco profunda para los superpetroleros. Irán ha buscado diversificar sus capacidades de exportación con la apertura de la terminal de Jask fuera del estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán, en 2021, pero Kharg sigue siendo una «vulnerabilidad crítica» para Irán, según JP Morgan. «Es una piedra angular de la economía iraní y una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria Iraní», añadió JP Morgan.Riesgo de concentración La importancia estratégica de la isla deriva del riesgo de concentración. La mayor parte de la infraestructura de exportación de Irán está centralizada allí. En Kharg se maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo. Los tanques de almacenamiento de la isla pueden albergar decenas de millones de barriles de crudo antes de ser cargados en los petroleros. Dado que las exportaciones de petróleo son una fuente fundamental de los ingresos de Irán, Kharg es esencialmente el salvavidas económico del gobierno. Las exportaciones de petróleo de Irán se paralizarían y la producción se reduciría a la mitad si EE.UU. e Israel buscaran apoderarse del puerto en la isla de Kharg, lo que desencadenaría nuevos ataques de Teherán contra la infraestructura petrolera regional, según JP Morgan. ¿Qué dicen los analistas? Si bien EE.UU. e Israel se abstuvieron de impactar la infraestructura petrolera de Kharg durante los ataques, el medio Axios publicó el fin de semana reporte que cita a funcionarios del Gobierno de Trump que afirmaron que la captura de la isla era una posibilidad sobre la mesa a medida que persiste la guerra en Oriente Medio. “Un ataque directo detendría de inmediato la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría una represalia severa en el estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional”, advierte JP Morgan. Asimismo, analistas consultados por el diario The Guardian advirtieron que atacar la terminal arriesgaría desencadenar una conmoción global en el mercado del petróleo. «Podríamos ver el precio de 120 dólares por barril que vimos el lunes llegar a 150 si se atacara Kharg», señaló Neil Quilliam, del centro de pensamiento Chatham House, citado por The Guardian. “Es demasiado vital para los mercados energéticos mundiales”. También advirtieron que un ataque podría provocar represalias más

Venezuela actualiza su sector minero: las claves de la reforma que busca transformar el subsuelo nacional

La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso decisivo en la reconfiguración jurídica de su economía. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dio cuenta de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, calificándolo como un instrumento para «garantizar el desarrollo sustentable y sostenible de la minería» en el país.«Seguimos construyendo el andamio jurídico perfecto para el desarrollo de la patria buena», expresó el titular del Legislativo. Un nuevo pacto jurídico Detrás de este anuncio, que busca modernizar el sector por primera vez desde 1999, se despliega un debate complejo.El proyecto de ley, que consta de 127 artículos, no es una simple actualización administrativa. Deroga la legislación de 1999 y la Ley Orgánica de Reserva de Oro de 2015 para establecer un nuevo paradigma. Se mantiene la propiedad inalienable de la República sobre los yacimientos (Artículo 3), pero se abre un abanico de figuras para la operación: desde empresas mixtas y concesiones hasta las novedosas Brigadas Mineras y la protección de la minería artesanal. El texto crea instituciones clave como el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) y el Banco Nacional del Dato Geocientífico-Minero, concebidos para aportar rigor científico a una actividad a menudo empírica. Sputnik conversó con expertos que analizan las claves de esta iniciativa, en un contexto donde el país sudamericano busca diversificar su economía más allá del petróleo, pero lidia con realidades complejas en sus territorios mineros.La ingeniera geóloga Luiraima Salazar señala que, desde una perspectiva científica, el fortalecimiento de INGEOMIN para la elaboración de cartografía geológica sistemática y la evaluación de reservas «podría constituir una plataforma estratégica para futuras investigaciones en geociencias, planificación territorial y gestión de recursos naturales». La especialista ve en esto un camino para generar empleo calificado. «Podría abrir oportunidades laborales para profesionales de las Ciencias de la Tierra (geólogos, geofísicos, geoquímicos e ingenieros de minas) que quedaron desplazados del mercado laboral durante la prolongada crisis económica y el colapso del sector petrolero», resalta. La encrucijada del desarrollo Sin embargo, el análisis de Salazar introduce una reflexión que recorre todo el debate: la distancia entre el texto legal y la realidad del terreno. La geóloga advierte que esta reforma se implementa «en un territorio marcado por economías ilegales, fragmentación del control estatal y graves conflictos socioambientales».El proyecto de ley, con su lenguaje técnico sobre «desarrollo sostenible» y «minería ecológica», contrasta con la realidad que ella describe en el sur del país sudamericano: «deforestación masiva, contaminación por mercurio en ríos amazónicos, destrucción de territorios indígenas y expansión de economías de esclavitud laboral»En su opinión, el discurso de la «minería ecológica» corre el riesgo de convertirse en «una construcción propagandística engañosa», esto si no va acompañado de instituciones independientes capaces de fiscalizar. Esta visión es matizada, pero coincide en el diagnóstico de los desafíos con la del ingeniero mecánico Luis Prieto.Para el experto, el nuevo marco legal debe entenderse en relación con el decreto de 2016, que reservó al Estado la exploración de minerales estratégicos. La nueva ley, explica, «intenta estructurar un modelo más amplio de organización del sector, manteniendo la propiedad estatal del subsuelo, pero creando condiciones regulatorias para una mayor participación operativa y financiera de distintos actores».El objetivo, según Prieto, es ordenar una actividad marcada por «informalidad, baja supervisión y pérdida de valor económico para el país», pero advierte que la ley podría fortalecerse con elementos de legislaciones más avanzadas.Entre sus sugerencias destaca la necesidad de implementar «sistemas de trazabilidad de los minerales desde su extracción hasta su comercialización» y «estándares ambientales internacionales obligatorios para el manejo de relaves, uso de sustancias contaminantes y protección de cuencas hidrográficas». ¿Gobernanza o formalización del caos? El punto de convergencia entre los especialistas es la preocupación por la gobernanza real. Salazar plantea la interrogante de manera directa: gran parte de los yacimientos se encuentran en zonas donde «el Estado no ejerce un control real y efectivo», y se pregunta cómo van a controlar eso.La ley crea un andamiaje de control: un ministerio rector, un resguardo nacional minero ejercido por la Guardia Nacional, una superintendencia y un registro único minero. Sin embargo, Salazar alerta sobre el riesgo de que la nueva legislación termine siendo una herramienta que no desmonte las estructuras ilegales preexistentes, sino que, al crear nuevas figuras como cooperativas o concesiones, corra el riesgo de legalizar indirectamente redes de extracción ya existentes. En su análisis, «el problema no es la falta de ley. El problema es quién controla realmente las minas».Prieto, por su parte, añade un elemento crucial: la lucha contra la corrupción. Sostiene que convertir la riqueza mineral en bienestar «exige transformar la gobernanza del sector y enfrentar con decisión dos problemas estructurales: la corrupción y la criminalidad asociada a la minería». Los expertos coinciden en que el verdadero desafío no es únicamente aprobar una nueva ley, sino construir las condiciones para que esa normativa se traduzca en gobernanza real. Como refiere Salazar, «el futuro del Arco Minero dependerá menos del texto de la ley que de la capacidad del Estado y de sus instituciones técnicas para recuperar el control efectivo del territorio». En paralelo al debate legislativo, el Ejecutivo Nacional ha movido fichas clave en el tablero institucional del sector. Mediante el decreto presidencial número 5.266, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.994 del 6 de marzo de este año, se ordenó la fusión por absorción de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La CVM subsiste como empresa absorbente, integrando la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de Minerven, en una operación que busca centralizar y optimizar el manejo de los activos mineros del Estado.La normativa concede un plazo de 30 días para que la CVM realice las adecuaciones organizativas pertinentes, especialmente en materia de talento humano, sentando las bases para una gestión corporativa unificada.Complementando esta reestructuración, el decreto presidencial número 5.267 designó a Héctor José Silva Hernández como presidente encargado de la Corporación Venezolana de Minería, confiándole la tarea de liderar este proceso de consolidación empresarial.

El poder del Congreso para detener la guerra de Trump en Oriente Medio

La agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo ha desencadenado una escalada militar en Oriente Medio, sino también una tormenta política en Washington: numerosos congresistas, sobre todo demócratas, pero también algunos republicanos, denuncian que el presidente Donald Trump ha iniciado de facto una guerra sin la autorización del Congreso, reabriendo el viejo debate sobre quién decide realmente si el país se mete en un conflicto. Según la Constitución, solo el Congreso goza del derecho a declarar la guerra, pero tanto presidentes demócratas como republicanos han ordenado el uso de la fuerza militar durante más de 75 años. Expertos legales se muestran escépticos a la hora de analizar la autoridad constitucional de Trump para lanzar una nueva agresión militar sin la aprobación del Congreso. Este sábado, Trump anunció el inicio de «importantes operaciones de combate» en Irán, bajo el argumento de «defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes». En particular, subrayó que los objetivos de estas «operaciones» van desde destruir la industria militar y de misiles de Irán hasta contribuir a «derrocar» el Gobierno actual. Tras el inicio de la agresión, distintas voces del Partido Demócrata han pedido a los miembros del Congreso que se reúnan inmediatamente en Washington para votar sobre si detener nuevas acciones militares en Irán. Se espera que la Cámara de Representantes y el Senado celebren dichas votaciones en los próximos días, después de que la decisión del mandatario de lanzar el ataque a Irán haya inyectado nueva urgencia a esos planes. «Uno de los esfuerzos más peligrosos» Los demócratas, junto con el senador republicano Rand Paul y el representante republicano Thomas Massie, han forzado la votación de un número récord de resoluciones sobre poderes de guerra, a pesar de la oposición de la mayoría de los republicanos, lo que ha sido presentado como el intento de reclamar para el Congreso su poder constitucional para declarar la guerra. Alegan que la Casa Blanca no ha presentado una justificación legal a la población de sus ataques, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco dio un informe completo a los miembros del Congreso sobre las acciones en Oriente Medio. «El Gobierno no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance ni la inmediatez de la amenaza», expresó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que insiste en que la Administración Trump debe informar al Congreso, incluso mediante una sesión informativa clasificada inmediata para todos los senadores y un testimonio público. «Este es uno de los esfuerzos más peligrosos que Trump está realizando en su segundo mandato: intentar normalizar la guerra sin el Congreso, intentar normalizar la idea de que un presidente puede hacer lo que quiera en materia de política exterior», denunció el senador demócrata Andy Kim. Por su parte, la exvicepresidenta del país y excandidata demócrata Kamala Harris expresó que Trump arrastra al país a «una guerra que el pueblo no quiere». «El Congreso debe actuar de inmediato. El pueblo estadounidense no quiere que nuestros hijos e hijas vayan a esta guerra opcional no autorizada y yo me opongo inequívocamente a ello», aseveró la política. Las herramientas formales del Congreso incluyen resoluciones de poderes de guerra para forzar votaciones que pueden ordenar la retirada de tropas en ausencia de una autorización específica. No obstante, varios medios subrayan que iniciativas similares en el pasado rara vez han llegado a convertirse en ley frente a la oposición del Ejecutivo. ¿Qué poderes tiene el Congreso? La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la facultad de «declarar la guerra» (el Artículo I reza: «El Congreso tendrá facultades para declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalia y establecer reglas en materia de capturas en mar y tierra»), mientras que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (el Artículo II reza: «El presidente será comandante en jefe del Ejército y de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y también de la Milicia de los distintos estados cuando esta sea llamada al servicio activo de la nación»). Sin embargo, el Congreso ha interpretado ese lenguaje para permitir a los presidentes desplegar tropas en «circunstancias hostiles» sin una declaración de guerra, si el Congreso lo ha autorizado específicamente a usar la fuerza o existe una emergencia nacional creada por un ataque a Estados Unidos o sus territorios. De ese modo, el país norteamericano no ha declarado oficialmente la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Christopher Anders, abogado y experto en asuntos de seguridad nacional, opina en declaraciones a la CNN que, con sus acciones, Trump «violó la Constitución», puesto que la norma suprema es «meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a militares estadounidenses en la batalla, y ese es solo el Congreso». «El presidente intentó apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso», subrayó. En la misma línea, analistas recuerdan que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 obliga al Ejecutivo a consultar al Congreso antes de involucrar a fuerzas estadounidenses en hostilidades, y a obtener autorización si las operaciones se prolongan más allá de un plazo determinado. Además, esta legislación permite que un solo miembro del Congreso fuerce una votación sobre la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de despliegues no autorizados en situaciones hostiles. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó en 1983 que los presidentes podían vetar tales resoluciones, algo que el Congreso solo puede anular con una mayoría de dos tercios en cada cámara. Ninguna resolución de poderes de guerra ha superado jamás un veto. Desde entonces, los presidentes han obtenido autorización del Congreso para varias guerras terrestres (la guerra del golfo Pérsico, las guerras en Afganistán e Irak) y han ampliado la ley de guerra de Afganistán, que tenía como objetivo a los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre, para convertirla en una autorización permanente del Congreso para atacar a milicianos afiliados a Al Qaeda* en otros lugares. T/RT F/Cortesía-Gettyimages.ru

China le baja el precio a los jóvenes

Así como China aplicó durante 36 años una estricta política de hijo único, que marcó a generaciones y acompañó su acelerado proceso de desarrollo, en la última década debió desmontar aquel imperativo de Estado para hacer frente a una crisis demográfica que hoy afecta a gran parte del planeta. En lo que fue un giro de 180 grados, Beijing dispuso una urgente apertura de aquella férrea planificación social, echó mano a todas las recetas conocidas e, incluso, intentó estrategias que despertaron adhesiones, rechazos y alguna que otra burla. En este escenario, en los primeros días de 2026 se anunció un nuevo programa que busca elevar los estándares de atención en las 126.000 guarderías y servicios de cuidado infantil, que hoy ofrecen alrededor de 6.660.000 plazas en todo el país. Aunque parezca una contradicción, la intención oficial es pasar de que estos lugares existan a que funcionen bien, mientras, en forma paralela, se aplica una reducción del 29 % en los precios por la jornada completa. Precisamente, esta decisión política de aliviar la economía de las familias es el eje de una serie de medidas que pretende cambiar el humor social frente a la posibilidad de tener hijos. Se trata de una necesidad con sabor a urgencia, teniendo en cuenta que el índice poblacional chino viene en caída libre por cuarto año consecutivo, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (NBS), difundido esta semana. “El objetivo es ampliar las opciones de cuidado infantil y establecer un sistema público diverso, seguro y de alta calidad a un precio accesible”, adelantó el presidente del Comité de Educación, Ciencia, Cultura y Salud Pública de la APN, Luo Shugang, al presentar en diciembre los lineamientos del Proyecto de Ley Sobre Servicios de Cuidado Infantil, una norma sin precedentes en la historia de China, diseñada para fortalecer la protección de los niños menores de 3 años y mejorar las políticas de apoyo al parto y la crianza. En esa línea, otra de las medidas que se profundizará este año será la ampliación a nivel nacional del Seguro de Maternidad, que por ahora garantiza partos prácticamente gratuitos a unas 255 millones de personas de 7 regiones provinciales. Según anunció el gobierno, la meta será fortalecer la cobertura de gastos médicos para las revisiones prenatales y asegurar que los costos básicos del parto estén cubiertos por los programas de seguro en todo el país. La vicepresidenta de Hospital Materno-Iinfantil de Jinan, Zhao Chunmei, explicó a la agencia Xinhua que “las mujeres cubiertas por el Seguro de Maternidad para empleados suelen pagar menos de 1000 yuanes (unos 141,53 dólares) de su bolsillo, por un parto estándar en el hospital”. “Los costos – agregó – han disminuido drásticamente con respecto a los niveles anteriores, lo que alivia la carga financiera de las familias». Desde la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria destacaron la intención oficial de ampliar la cobertura del Seguro de Maternidad a los trabajadores informales, los migrantes y las personas con nuevas formas de empleo. Es decir, a los sectores del mercado laboral que suelen quedar más desprotegidos en algunas políticas sociales. Un tercer pilar del plan 2026 está constituido por la ampliación de los subsidios para cuidados infantiles que, por ahora, el Estado viene otorgando en nueve provincias y 1.315 regiones de distrito, en sintonía con una de las metas del XV Plan Quinquenal (2026-2030). Concretamente, el gobierno ofrece a las familias una suma fija anual de poco más de 500 dólares, libres de impuestos, por cada hijo menor de tres años. La cifra es modesta, pero alcanza a 24 millones de personas que se benefician de una reasignación de recursos que hoy mueve alrededor de 13.000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda. “En los últimos años, China ha ampliado el apoyo económico a las familias con hijos en múltiples áreas. Además de los subsidios directos, la atención a niños menores de tres años y la educación infantil, se han incluido en las deducciones adicionales del impuesto sobre la renta personal, elevando el estándar de deducción de 1.000 yuanes a 2.000 yuanes por niño al mes, explicaron a la agencia Xinhua funcionarios del área económica. La decisión de Beijing de “fomentar una sociedad favorable a la procreación” también incluyó, recientemente, la extensión a 158 días de las licencias de maternidad, junto con las licencias por paternidad; los premios para las parejas que estuvieran dispuestas a tener dos o tres hijos; y la aplicación de un impuesto del 13% a los anticonceptivos y preservativos (una polémica medida que generó más memes que nacimientos). Como todos saben, o intuyen, la magnitud geográfica de China (el país más poblado de mundo, después de India) hace que todos sus números sean abrumadores y las comparaciones, casi una pérdida de tiempo. Sólo a partir de esta premisa puede leerse la situación demográfica de una nación que a pesar de tener 30 millones de niños menores de 3 años – el equivalente a la población total de algunos países – su tasa de natalidad descendió durante 7 años consecutivos, con un modesto y aislado repunte en 2024. El último informe de la Oficina Nacional de Estadística de China, fechado el 19 de enero pasado, es contundente: en 2025 la población total fue de 1.404.890.000, con una caída interanual de 3.390.000; el número de nacimientos ascendió a 7.920.000, con una tasa de natalidad de 5,63 por mil y la cantidad de muertes sumó 11.310.000, con una tasa de mortalidad de 8,04 por mil. En otras palabras, la tasa de reducción natural de la población china fue del 2,41 por mil y la de nacimientos alcanzó el nivel más bajo desde la fundación de la República Popular. Los números oficiales no solo confirman el desinterés de la sociedad por tener hijos (los jóvenes prefieren dedicarse a sus carreras profesionales, como ocurre en otros países), sino que también revelan que el envejecimiento de la población se profundizó en 2025 (los mayores de 60 suman 323 millones, el 23% de la sociedad,

IA, ‘fake news’ y miedos históricos: la triada perfecta de la guerra informativa contra Venezuela

Venezuela se ha convertido en centro de atención a nivel internacional. Desde los ataques militares que sufrió el país por parte de Estados Unidos y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, las corporaciones mediáticas occidentales identificaron una nueva figura de interés: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En las últimas semanas, una avalancha de acusaciones —que van desde supuestos vínculos con el narcotráfico, denuncias de conspiración, hasta una conexión con el movimiento chií Hizbulá— ha sido desplegada contra la mandataria.La respuesta oficial ha sido contundente y centralizada a través de la cuenta «Miraflores al Momento», plataforma que ha desmentido punto por punto cada una de estas narrativas, calificándolas como «nuevas versiones, mismas ‘fuentes’ y cero pruebas», cuyo objetivo real es «mantener la amenaza» contra Rodríguez.Pero más allá del desmentido específico, surge una pregunta de fondo: ¿cuál es el mecanismo, el objetivo último y el verdadero impacto de estas campañas de noticias falsas? Explotación de temores estructurales Para Oscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces y analista de opinión pública, estas operaciones no buscan simplemente dañar a una figura, sino ejecutar un ataque sistemático contra la credibilidad institucional, erosionando la confianza social hasta sus cimientos.En entrevista para Sputnik, el experto desmonta las áreas, los actores y las consecuencias de lo que define como una guerra de desinformación que tiene a la inteligencia artificial como su artillería más letal.Schemel identifica tres «matrices recurrentes» en esta ofensiva: de la traición o subordinación a potencias extranjeras, la del narcotráfico y la de la ruptura o conspiración interna. Su efectividad, explica, no radica en su veracidad fáctica, sino en su capacidad para conectar con «miedos estructurales muy profundos de la sociedad venezolana». «No apelan a datos, sino a emociones acumuladas: el temor a la entrega de la soberanía, la criminalización del poder y la percepción de fractura interna», precisa el analista. Estas narrativas operan en el terreno de la sospecha permanente, un espacio donde la demostración empírica es irrelevante. En contextos de alta complejidad como el venezolano, su meta no es que la gente crea una versión concreta, sino que «deje de confiar en cualquier versión».«Ese es el verdadero daño: la erosión de la credibilidad como sistema», sentencia Schemel. «Cuando todo parece posible, incluso lo falso se vuelve admisible». La velocidad y el realismo de estos ataques han sido multiplicados por la inteligencia artificial. Schemel advierte que la IA ha «reducido radicalmente el costo y tiempo para crear contenidos falsos verosímiles», generando «realidades falsas diseñadas con precisión». Ante este escenario, las estrategias de comunicación tradicionales son insuficientes. «La clave ya no es solo desmentir, sino anticipar», afirma. Propone un enfoque de tres niveles: prevención, velocidad y credibilidad. El primer paso es «inocular a la audiencia», es decir, educar sobre cómo se construyen estas falsedades. El segundo, es una respuesta temprana con evidencia simple y verificable, «antes de que la mentira se consolide emocionalmente». El tercero es distribuir la verdad por los mismos circuitos donde circula la falsedad, adaptándose a la lógica digital. «Si se pierde la primera ventana temporal, luego el debate deja de ser racional y se convierte en identitario», subraya. En este marco, herramientas como «Miraflores al Momento» son fundamentales como mecanismo de respuesta rápida y para fijar una posición institucional clara. Sin embargo, Schemel considera que esta estrategia de desmentido centralizado, aunque necesaria, «no es suficiente». «La disputa no ocurre solo en el plano institucional, sino en el plano emocional y viral», explica. Por ello, el desmentido debe complementarse con una red de voceros, formatos ágiles y una estrategia de distribución diferenciada. Una mala aclaración, advierte, puede incluso amplificar la mentira «si repite el rumor o lo dramatiza».«La clave es responder rápido, con claridad, sin sobrerreaccionar y cerrando la conversación, no alimentándola», concluye. Ingeniería digital para fragmentar la sociedad Estas campañas ya no dependen de los medios tradicionales. Schemel describe «circuitos de difusión» híbridos que mezclan memes, contenido real recortado y falsedades absolutas, funcionando como una eficiente «cadena de valor informativa».En este ecosistema operan actores con roles específicos: productores del contenido (con fines políticos o estratégicos), amplificadores (que buscan visibilidad, monetización o influencia) y validadores (figuras que, sin crear la mentira, la legitiman con insinuaciones). A este circuito se suma una «audiencia militante» que comparte el contenido no por convicción de su veracidad, sino porque refuerza su identidad emocional o política.«Muchas veces el incentivo no es ideológico, sino económico o reputacional. El conflicto genera tráfico, seguidores y poder simbólico», analiza Schemel. El resultado es un sistema que, aunque parece caótico, tiene su estructura. Parece «descentralizado, pero no caótico, tiene patrones, roles y objetivos claros», añade.Más allá del objetivo inmediato de desgastar a una figura política, Schemel alerta sobre el impacto más profundo y duradero de estas operaciones: la erosión de la confianza general en la información y, por ende, en la posibilidad misma del debate público. «El impacto más grave es el aumento del cinismo informativo», afirma. «Cuando la gente asume que todo es manipulación, se debilita la posibilidad de deliberación colectiva». Este fenómeno se puede medir en indicadores como la caída de confianza en instituciones y medios, la fatiga informativa, la polarización emocional y la disposición a compartir rumores sin verificar. Desde la investigación de opinión pública, Schemel observa una peligrosa «retirada del debate»: personas que prefieren no informarse o no participar porque sienten que «nada es verdad». «A largo plazo, esto fragmenta la cohesión social y convierte la política en una disputa entre estados de ánimo, no de ideas», advierte. El horizonte que dibuja es sombrío: una sociedad que, al perder «una base mínima de verdad compartida», se vuelve «más vulnerable a la manipulación permanente». A juicio del experto, la batalla que se libra en las redes y medios contra la presidenta encargada es solo la antesala de una estrategia mayor. «La confrontación ya no busca derrotar de manera frontal; busca reprogramar mentalidades, expectativas y sentidos. Frente a ello, la respuesta pasa por más política, más comprensión histórica y más capacidad de interpretar las tendencias

La Doctrina China vs. la Doctrina Donroe

Tras el impacto inicial que provocó el ataque de Estados Unidos a Venezuela, muchas miradas se desplazaron rápidamente hacia China, no sólo por su peso específico en el escenario global, sino también por sus vínculos con Caracas, sobre todo en materia energética/petrolera. Consciente de esa expectativa, Beijing reaccionó con previsible celeridad y se ubicó entre los primeros actores internacionales en calificar la invasión como un acto de unilateralismo, intimidación y violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Esa postura – ratificada luego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) – se erigió como la antítesis de la aggiornada “Doctrina Donroe”, aquel principio de política exterior que supo resumirse en la frase “América para los americanos”, es decir, para los EEUU. “Todos los países deben aceptar los caminos de desarrollo de otros países elegidos independientemente por sus pueblos, además de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los países más importantes, en particular, deben dar el ejemplo”, afirmó el presidente Xi Jinping a 48 horas del ataque, en un inequívoco mensaje que no necesitó identificar nombres para que el mundo supiera de quién estaba hablando. “Nunca hemos creído que algún país pueda desempeñar el papel de policía del mundo, ni estamos de acuerdo con que alguien se arrogue la condición de juez internacional”, completó el canciller Wang Yi, al defender los principios del multilateralismo y subrayar que la soberanía y la seguridad de los Estados deben estar protegidas por el derecho internacional, y no por la ley del más fuerte. En esa línea, artículos editoriales del aparato oficial de comunicación – Xinhua, Diario del Pueblo, CCTV, China Daily y el Global Times, entre otros medios – fueron aún más explícitos al describir la ofensiva de EEUU como “un acto indignante que desnuda quién es el verdadero violador del derecho internacional” y un intento de “expandir su dominio hemisférico para controlar recursos estratégicos”, en particular el petróleo venezolano. “Lanzar un ataque militar contra un país soberano en nombre de la ‘aplicación de la ley’ y detener por la fuerza al presidente de otro país recurriendo a un poder abrumador es un escenario tan indignante que incluso a los guionistas de Hollywood les costaría imaginarlo”, sostuvieron. Además de las primeras condenas oficiales, los lineamientos de la posición de Beijing quedaron expuestos durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, realizada esta semana en Nueva York a pedido de la propia Venezuela, junto con Colombia, Rusia y China. En ese ámbito, el representante chino Sun Lei marcó la contradicción que EEUU, pese a ser miembro del organismo, haya “pisoteado” no sólo la soberanía, la seguridad, los derechos e intereses legítimos de Venezuela, sino también los principios internacionales de igualdad soberana, no intervención en los asuntos internos, solución pacífica de las controversias y prohibición del uso de la fuerza. “Estados Unidos – sintetizó Sun – ha ubicado su propio poder por encima del multilateralismo, y las acciones militares por encima de los esfuerzos diplomáticos, lo cual representa una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe (ALC), e incluso a nivel internacional”. En este contexto, China recordó que Washington ya había ignorado al Consejo de Seguridad de la ONU cuando decidió “emprender operaciones militares contra Irak, atacó instalaciones nucleares de Irán, e impuso sanciones económicas, ataques y ocupaciones armadas en varios países de ALC”, provocando “conflictos persistentes, inestabilidad y un inmenso sufrimiento de la gente común y corriente”. “Las naciones de ALC son fuerzas importantes para mantener la paz y la estabilidad mundiales, y tienen todo el derecho de elegir de manera independiente sus caminos de desarrollo y a sus socios. Ningún país puede actuar como el policía del mundo, ni pretender ser juez internacional”, insistió Sun, con una frase textual de la bajada de línea del canciller Wang Yi. Acostumbrada a ser demonizada por Estados Unidos, China delineó parte de su posición en desvirtuar la retórica que presenta al presidente Donald Trump como supuesto guardián de la libertad mundial, y explicar cómo Washington no tuvo reparos en violar el Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU, el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Al respecto, desde Beijing rechazaron las maniobras que intentaron trasladar lo ocurrido en Venezuela a un hipotético escenario en Taiwán, al recordar que la invasión a un país soberano poco tiene que ver con una cuestión interna china, que involucra a una isla considerada parte de su territorio, tal como lo reconoció la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU (1971). “China jamás invadiría Taiwán porque es una región inalienable del país, pero eso no significa que se quedaría de brazos cruzados si alguna provincia intentara declarar su independencia”, aclararon fuentes diplomáticas. En su intención de diferenciarse de la “Doctrina Donroe”, China también recordó que en 2025 lanzó su Iniciativa de Gobernanza Global, compuesta por 5 principios fundamentales, entre ellos el compromiso con la igualdad soberana, el estado de derecho internacional, el multilateralismo, un enfoque centrado en las personas y la búsqueda de resultados concretos. El bloque del Sur Global (integrado por unos 140 países emergentes), la Iniciativa de la Franja y la Ruta (con 150 naciones y 30 organizaciones internacionales) y el Brics ampliado (de 11 miembros plenos y un grupo creciente de asociados) fueron otras iniciativas que Beijing rescató por estos días a la hora de defender su principio de Comunidad de Destino Compartido de la Humanidad, un nuevo orden internacional que, según destacaron, se ubica en las antípodas de las políticas hegemónicas extremas que se expresaron en el ataque a Venezuela. Sin eufemismos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que desde el 3 de enero – cuando comenzó la incursión armada – todos los países del planeta son menos seguros. La portavoz Ravina Shamdasani destacó que la acción

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