La renuncia en dos meses de 20 delegados gubernamentales (Seremi) elegidos para representar al Gobierno en las 16 regiones de Chile abrió un nuevo frente de críticas a la gestión del presidente José Antonio Kast. La última en abandonar el barco de la Administración fue este miércoles la secretaria regional ministerial (Seremi) de la cartera de Bienes Nacionales de Chile en la región de Antofagasta, Camila Alonso, quien como otros, argumentó simplemente «razones personales». «No puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso (nombre con el que se conoce en Chile a los asesores más cercanos), con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión», publicó en su cuenta de X el diputado opositor Jaime Araya. El parlamentario aludía así al enfrentamiento dialéctico desatado días atrás entre distintos portavoces y representantes de los partidos alineados con el Gobierno (oficialismo) y el citado grupo de asesores del Segundo Piso-, dos núcleos de poder que, según medios locales, no han sabido conjugar su trabajo en favor del Gobierno y evidencian problemas de diseño. Las fallidas designaciones de autoridades regionales incluyen al Seremi de Cultura de Aysén y de la Región Metropolitana, que duraron un solo día en el cargo. Y a los de Trabajo y Previsión Social la región de Valparaíso, y al de Salud en la misma zona; de Educación en la región del Biobío; de Obras Públicas en Los Ríos; de Energía en Los Lagos y La Araucanía; de Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género y Justicia en Antofagasta, entre varios otros hasta llegar a 20. Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno de la democracia en Chile, enfrenta una de sus semanas más complejas hasta ahora, mientras impulsa una reforma que busca elevar el crecimiento mediante importantes reducciones de impuestos, medida que ha sido cuestionada por la oposición acusando que «no garantiza» mayor actividad económica ni generación de empleo. El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de septiembre y así poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año. Las mayores críticas las afrontan el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien admitió recientemente que prefirió repercutir el costo de la guerra en los ciudadanos en vez de endeudar al país elevando el costo de las bencinas. Y el de Vivienda, Iván Poduje, quien el martes fue llamado al palacio presidencial de La Moneda tras varios enfrentamientos con parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, y con el propio Quiroz y sus políticas en público. T/EFE